En días recientes, el ministro
de las TIC renovó de manera directa y a precios irrisorios el espectro
radioeléctrico a los operadores dominantes en Colombia. Su decisión va en
contravía de los intereses de la Nación. ¿Por qué lo hizo?
La Constitución y la ley
inicial
La
Constitución de 1991 estableció que la actividad económica y la iniciativa
privada son libres dentro de los límites del bien común, y por eso dotó al
Estado de atribuciones para evitar los abusos de posición dominante que
pudieran ejercer personas naturales o jurídicas en la prestación de los servicios
públicos.
Asimismo, la Constitución estableció que el espectro
electromagnético es un bien público no enajenable, inembargable e
imprescriptible, sujeto a la gestión y control del Estado. Con ello se
garantiza la igualdad en el acceso de los particulares, pues este espectro es
el elemento principal del servicio público de telecomunicaciones móviles.
Comcel-Claro
controla hoy el 62 por ciento del mercado de la telefonía móvil celular, con
cerca de 31 millones de abonados, seguido por Movistar con el 24 por ciento,
equivalente a 18 millones de usuarios.
En tal
sentido se expidió la Ley 37 de 1993, que definió el servicio
público no domiciliario de telefonía móvil celular a cargo de la Nación, y
estipuló que éste podría prestarse directa o indirectamente, a través de
concesiones otorgadas a empresas estatales, sociedades privadas o de naturaleza
mixta.
Al amparo de esta ley, comenzó a prestarse el servicio tras la
subasta adelantada por el Ministerio de Comunicaciones de seis contratos de
concesión para uso del espectro radioeléctrico en la banda de 850 Mhz por un
período de 10 años, prorrogables por igual término, al cabo del cual, tanto
infraestructura como espectro debían devolverse o reversarse al Estado.
El Estado recibió por la subasta del espectro más de un billón
de pesos, y el control sobre los contratos quedó en manos del Ministerio de
Comunicaciones.
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El cambio de la Ley
No
obstante lo anterior, el ministro de Comunicaciones de la época, Saulo
Arboleda, y su viceministro, José Fernando Bautista, presentaron al Congreso un
proyecto para modificar la Ley 37. Pero en agosto de 1997 Arboleda renunció por
el célebre escándalo del “miti-miti” y Bautista
pasó a reemplazarlo.
La modificación propuesta se refería a la reversión, y pretendía
que ésta cobijara el espectro electromagnético pero no la infraestructura
dedicada al servicio. Finalmente, este cambio quedó estipulado en el Artículo 4
de la Ley 422 de 1998.
Más tarde Bautista pasó a presidir el gremio de las empresas de
telefonía móvil celular (ASOCEL), de donde pasaría a ser una ficha clave en la
reelección de Uribe. Actualmente se encarga de alinear la dirigencia política
con la reelección de Santos.
El descontrol y la “ley
de las TIC”
